El alcalde Daniel de la Rosa es el “claro instigador” de contrataciones fraudulentas a través de contratos relevo en el Ayuntamiento de Burgos y las sociedades municipales. Así de tajante se ha mostrado este jueves la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, después de tener conocimiento de que el regidor socialista firmó el 11 de septiembre una instrucción a través de la que se pretendía hacer efectivo el tratamiento que se está dando en la Sociedad Municipal Aguas de Burgos a los contratos relevo.
Blasco ha insistido en que nadie pone en duda que los contratos relevo pueda ser una figura utilizada en las administraciones a pesar de su excesivo coste en el momento actual y que puedan ser utilizados de forma contenida para hacer planes de rejuvenecimiento de las plantillas, siempre que se reúnan los requisitos establecidos.
Lo que no se puede, ha dicho Blasco, es tratar de aplicar en el ámbito municipal regulaciones que no corresponden a las administraciones públicas, con el único propósito de defraudar la finalidad de los contratos de relevo.
Precisamente, ha explicado la popular, esto es lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Burgos, donde se pone de manifiesto que la instrucción el alcalde hace referencia a una regulación que está pensada solo y exclusivamente para el sector industrial y para mejorar la competitividad en este contexto, a través de un Real Decreto Ley aprobado en 2018 con esa finalidad.
Esta regulación, en determinadas ocasiones, es la que obliga a contratar de forma indefinida y es precisamente la que usa De la Rosa en su instrucción, “con el ánimo de establecer el marco para proceder a contrataciones fraudulentas” que tratan de evitar, sin lugar a dudas, los límites a la tasa de reposición, es decir, los límites a la contratación que existen actualmente en las administraciones públicas.
El documento está firmado por su puño y letra el 11 de septiembre y además con evidentes errores de bulto que hacen que el Grupo Municipal Popular piense que no puede estar informado por ningún técnico del Departamento de Personal.
Ante esta realidad, el Partido Popular va a tratar de averiguar qué técnico ha firmado el expediente y si esta decisión unilateral del acalde ha sido analizada en la mesa de negociación del comité de empresa, que es donde se deben debatir estas cuestiones.
