La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, ha pedido este miércoles al alcalde Daniel de la Rosa que desista del contrato para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones para salir de la paralización que solo él ha generado.
Ha asegurado que el regidor socialista no implantará estas zonas en lo que queda de mandato y ha lamentado que, mientras otras ciudades han avanzado en esta obligación legal, “Burgos permanezca en un absoluto bloqueo por no haber hecho las cosas bien desde el principio”.
La portavoz popular ha recordado que esta implantación tiene encaje en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que obliga a tener implementadas las Zonas de Bajas Emisiones desde el pasado 1 de enero, y prevé un plazo de 18 meses para el despliegue total de los proyectos.
Asimismo, ha explicado que el Gobierno central ha publicado un manual de 75 páginas para guiar en este proceso, siguiendo las mismas directrices que ha defendido el Grupo Municipal Popular desde el principio.
La participación ciudadana, ha dicho, debe ser una garantía en este proceso, por lo que ha insistido en la importancia de elevar la cuestión a una sesión plenaria, con la correspondiente ordenanza municipal.
Al no existir ni siquiera un borrador de esta ordenanza, la cuestión no llegaría al Pleno, como pronto, hasta marzo, por lo que, tras el periodo legal de alegaciones, podría someterse a aprobación en mayo, en un contexto eminentemente electoral, que no parece el más propicio para un proyecto de esta envergadura.
También ha desvelado, asimismo, que el juzgado ha admitido a trámite la demanda que ella misma presentó para defender el interés de todos los burgaleses, frente a un contrato de obra que, tal y como ha indicado, solo vela por el interés empresarial.
“No se ha articulado el contrato para que fuese limpio y los adjudicatarios conociesen con certeza qué se quería hacer”, ha dicho la portavoz municipal del PP, antes de mostrar su perplejidad por el hecho de que ahora el equipo de Gobierno trate de dar a entender que se trata de un contrato de suministros. “En Burgos pasan estas cosas por hacerlas mal desde el principio”, ha puntualizado.
Ante el recorrido judicial que se atisba, ha pedido al alcalde que desista del contrato e inicie un recorrido coherente para una obligatoriedad, en la que ha abogado por bonificaciones, frente a los “castigos” socialistas.
Medidas positivas, ha dicho, que podrían pasar en primer lugar por implantar la gratuidad de los autobuses municipales a todos los mayores de 65 años, lo que provocaría que un número importante de vehículos antiguos saliesen de la circulación, o al menos se redujese su uso.
Una medida, tal y como ha indicado, a la que no se debe oponer el PSOE por una cuestión económica, ya que, cuando se implantó esta misma gratuidad para los menores de doce años, no se tuvo en cuenta el nivel de renta de las familias, ya que primaban otros intereses por encima, como sucede con la propuesta que ha vuelto a trasladar.
