El Ayuntamiento de Burgos cerrará el año 2020 con cerca de 25 millones de euros abonados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, según ha denunciado este lunes la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco.
“La gestión de la contratación municipal se ha convertido en un auténtico disparate, el caos se ha apoderado ya no solamente de la gestión presupuestaria sino también de la gestión de los contratos de la Casa Consistorial llevando a la ciudad a una situación de irregularidad sin precedentes”, ha aseverado Blasco, antes de señalar que los datos no ofrecen lugar a dudas.
Entre febrero y septiembre de este año, la Junta de Gobierno local ha aprobado cerca de 16 millones de euros de forma irregular, utilizando la figura de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Una cantidad a la que hay que añadir los cerca de 3 millones de euros aprobados por este órgano la semana pasada y que no se han incorporado a esta suma porque su acta aún no se ha sido aprobada.
De este modo, cerca de 19 millones de euros han sido pagados de forma irregular y sin procedimiento de contratación hasta la fecha. La situación, ha dicho Carolina Blasco, no acabará aquí y antes de que finalice el año, y sin contar el mes de diciembre, habrá que adicionar a esta cantidad otros 5 millones de euros, con lo que al cierre del ejercicio, el Ayuntamiento habrá afrontado el pago de casi 25 millones de euros al margen de los procedimientos.
Esta cantidad, ha insistido Blasco, resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que casi 1 de cada 3 euros del gasto corriente del Ayuntamiento en 2020 se satisface al margen de los procedimientos de contratación.
La portavoz municipal del Partido Popular ha remarcado que el problema al que se enfrenta la formación es que, ante estos hechos, existe una falta de interlocución válida para abordar esta cuestión y la “pasmosa sumisión” de Ciudadanos, que permite que el gobierno de Daniel de la Rosa se encuentre cómodo dentro de esta práctica, consiguiendo los votos favorables en los dictámenes en la mayoría de estos casos.
AL MARGEN DE LOS PROCEDIMIENTOS
A esta delicada situación, ha explicado Blasco, hay que sumar el “oscurantismo” en torno a estos reconocimientos, de los que según la normativa de control interno, se debe dar cuenta al Pleno Municipal, algo que hasta ahora se ha obviado pese a que el PP lo ha solicitado de forma reiterada.
De forma adicional, ha destacado la portavoz popular, será necesario además remitirlos al Tribunal de Cuentas. “Centenares de expedientes con centenares de facturas que sin duda llamarán la atención de este órgano fiscalizador. Un paso que tendrá que realizarse con ocasión de la aprobación de la cuenta general en las próximas semanas”, ha concretado.
Ante esta coyuntura, Carolina Blasco ha insistido en que el Ayuntamiento se encuentra frente a una “situación irregular sin precedentes”, que debe conocerse por parte del Tribunal de Cuentas. Para lo que ha remarcado que no pueden, además, existir excusas, ya que todas las facturas incluidas en los reconocimientos extrajudiciales de crédito han sido aprobadas por el equipo de Gobierno del PSOE.
En este sentido, ha reseñado que 15 meses después de su toma de posesión, Daniel de la Rosa no puede excusarse ni siquiera en que no hay contratos, ya que con los siete primeros meses de gobierno valdría para afrontar cualquier contratación.
Ejemplo de esta desidia, ha dicho la portavoz popular, es que han pasado ya más de 3 meses para analizar las ofertas al contrato de gestión de residuos, donde además se cuenta con una asistencia externa contratada para dicha finalidad.
Una situación que, tal y como ha remarcado, pone de manifiesto la “relajación del PSOE, su acomodación y descaro al desatender la gestión de contratación”. Algo que se agrava porque muchos de estos expedientes han sido tramitados de forma irregular careciendo de los informes de la función interventora y los requisitos que exige la legislación y las bases de ejecución del presupuesto.
“Una situación disparatada, sin precedentes en la contratación municipal, que ha supuesto el pago de un 33% de forma irregular y al margen de la ley y que obliga al Partido Popular a realizar un exhaustivo control muy exigente de la situación y todo pese al oscurantismo ante una coyuntura sin precedentes que tendrá que ser fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”, ha concluido Blasco.
