El viceportavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Jorge Berzosa, ha denunciado este miércoles que la política de personal aplicada por el equipo de Gobierno en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SAMYT) está lastrando la recuperación de un servicio esencial para el correcto desarrollo de la movilidad sostenible en la ciudad. “Es incomprensible la política de escaparate actual del equipo de Gobierno, que gasta de manera irregular más de 3,5 millones de euros en las Zonas de Bajas Emisiones mientras que abandona un Servicio municipal con altas cotas de usuarios” ha sostenido Berzosa.
Mientras que el puesto de gerente de este Servicio lleva desde el verano vacante y no se ha dado un solo paso para poder sacarlo a concurso, las plazas de ingeniero de caminos de movilidad y la de técnico de tráfico de autobuses son plazas que se crearon con carácter de interinidad, pero que al llevar más de tres años incumpliendo la normativa han adquirido el carácter de indefinido. El viceportavoz popular ha indicado que “estos puestos están en la Oferta Pública de Empleo, pero al no convocarse oposiciones para cubrir los mismos el correcto desarrollo del Servicio se está viendo fuertemente perjudicado “.
Por tanto, en la actualidad no hay personal técnico fijo en el propio Servicio de Autobuses, faltando de cubrir también la plaza de adjunto administrativo y al menos más de trece plazas de conductor fijo que están siendo cubiertas mediante interinidad, lo que refleja la decadente situación en la que se encuentra el Servicio en materia de personal. “Vemos como en una situación de excepcionalidad con unas tarifas reducidas en un 50% no ha habido campañas específicas ni un incremento exponencial del número de usuarios porque el Servicio no tiene la capacidad de reacción necesaria” ha destacado Berzosa. El viceportavoz ha destacado también que se deberían de haber realizado, analizado y puesto ya en valor los resultados de las encuestas del contrato vigente sobre calidad del Servicio de autobuses y las encuestas domiciliarias, cuyo coste total se elevó hasta casi los 200.000€. “Evidentemente no hay técnicos suficientes para el análisis de los datos y la mejora del Servicio, lo que redunda en la paralización del mismo y en la imposibilidad de recuperar el nivel de usuarios prepandemia por la falta de gestión en materia de recursos humanos de Nuria Barrio” ha sentenciado Jorge Berzosa
