La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha avanzado este viernes que la formación solicitará formalmente una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Hacienda para saber cómo se ha podido dejar pasar el plazo de justificación del Fondo de Cooperación Económica Local General.
Carolina Blasco ha explicado que, de acuerdo al reparto establecido para ciudades de más de 20.000 habitantes, a Burgos le correspondían 405.000 euros que ahora, “gracias a la desidia e ineptitud del PSOE”, están en juego.
Ante esta circunstancia, ha señalado que el Partido Popular quiere llegar al fono de la cuestión y por eso solicitará la comparecencia de todos los funcionarios y responsables políticos que han podido participar en esta tramitación.
En este sentido, ha destacado la necesidad de conocer qué ha pasado exactamente, qué personas han intervenido, quiénes han rubricado y remitido el escrito y en qué fechas y, lo que es más importante, quién decidió que se debía registrar en el Registro de la Secretaría Particular del Alcalde, sin garantizar su salida.
La portavoz popular ha insistido en que los perjudicados en esta cuestión son los burgaleses y, en concreto, los vecinos de Gamonal, a donde se iban a dirigir estos fondos para acondicionar una de las antiguas casas del Pueblo de Gamonal para ubicar allí dependencias municipales, tal y como había comprometido el PSOE.
Carolina Blasco ha señalado, además, que “abochorna y sonroja” tras reconocer un “error garrafal”, ahora traten de matar al mensajero y responsabilizar a la Junta de Castilla y León de todo lo ocurrido. “Es un claro caso de deslealtad institucional que no tiene precedentes”, ha aseverado, antes de añadir que “parece que David jurado no quiere para ellos mismos lo que exigen a los ciudadanos, que presenten la documentación en plazo”.
Blasco ha desvelado que el propio director general de Administración Local informó al alcalde Daniel de la Rosa de que los plazos para la presentación de la documentación estaban próximos a expirar y que fue la Consejería de Presidencia la que insistió, al ver que no existía dicha documentación en la Junta, en que la reenviasen por si había quedado perdida en algún registro.
