El Grupo Municipal Popular planteará una convocatoria extraordinaria para todos los negocios ajenos a las ayudas publicadas hasta el momento, dado que son diversos los ámbitos que han quedado al margen de las diferentes convocatorias, pese a padecer también de forma severa las consecuencias de la crisis sanitaria, entre ellos los centros infantiles.
De manera adicional, la formación también ahondará en la importancia de ser conscientes de las consecuencias que las restricciones tendrán en los bares especiales, que hacen necesario trabajar en clave de futuro con este colectivo, planificando para ello actuaciones que lo tengan en consideración.
Para conocer de primera mano la realidad de estos casos, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, acompañada de la edil popular Andrea Ballesteros, se ha reunido en la sede del PP con representantes de los centros infantiles.
Los representantes de los centros infantiles de la ciudad han expuesto los problemas que acarrean sus negocios como consecuencia del confinamiento, primero, y de la drástica reducción de matriculaciones, después.
En este sentido, han asegurado que el número de alumnos se ha reducido un 60% de media y que no disponer de ninguna ayuda ha provocado dificultades en la viabilidad de algunas empresas, ya que los gastos se mantienen pero la facturación se ha reducido considerablemente.
Ante estas circunstancias, Carolina Blasco se ha comprometido a buscar soluciones para poder paliar los estragos de la crisis y ha planteado algunas ideas como una convocatoria extraordinaria de ayudas con carácter retroactivo para sufragar parte de los gastos corrientes de los centros, como alquiler o electricidad. Una convocatoria que podría encontrar cabida presupuestaria en los 13 millones de euros previstos en las cuentas anuales de 2020 y no gastados, que el PP ha propuesto ya utilizar para inversiones todavía ejecutables dentro de esta anualidad.
De forma complementaria, ha barajado la posibilidad de estudiar la viabilidad de impulsar una especie de bono de conciliación para bonificar una parte del coste de matriculación, a la vez que se ha ofrecido para mediar con la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León para plantear la posibilidad de instaurar también ayudas desde esta administración.
