En la reunión de la Junta de Gobierno Local del jueves 28 de mayo se ha aprobado, un proyecto de presupuesto para el presente año 2020 en la idea, según se anuncia públicamente, de trasladarlo después al pleno municipal para su posible aprobación.
El acuerdo adoptado no cumple con las determinaciones legales para la elaboración de un presupuesto público, por cuanto no figura un informe actualizado de la previsión de ingresos para el presente año, tal y como exige la ley, y es básico para poder establecer el oportuno equilibrio entre ingresos y gastos que requiere toda estructura presupuestaria.
En su momento, hace ya varios meses, se realizó un informe que quedó poco después superado por las circunstancias de la grave crisis generada entrando en un estado de alarma en el que aún seguimos.
Por este motivo, las administraciones que no habían aprobado sus presupuestos para este año, en tiempo y forma, han decidido renunciar a la elaboración de los mismos como sucede en la administración general del Estado, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos afectados.
En el caso burgalés, como la afección a la situación económica también aquí ha afectado por completo, el alcalde pidió el pasado mes de abril un informe económico para ver la afección a los ingresos durante el primer mes y medio de esa situación, algo que, con ciertas reservas, se realizó por parte de los distintos servicios técnicos de las áreas municipales y que concluyó en el informe de Tesorería del 3 de mayo que, únicamente refiere lo ya acontecido en estas semanas concretas, como se le pidió
Sin embargo, no figura en el expediente, o por lo menos no ha podido encontrarlo este grupo municipal, el obligado informe de previsión de ingresos actualizado del ayuntamiento para el presente ejercicio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2020 si lo que se quiere es aprobar tardíamente un presupuesto municipal, algo exigido por la legislación vigente.
Por lo expuesto, es evidente que el acuerdo adoptado no se ajusta a la legalidad y, por ello, se solicita que se tomen las decisiones administrativas oportunas para solventar esa situación creada con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, si se quisiera continuar adelante en esa tramitación administrativa, tal y como establece la normativa; o, de lo contrario, dejar sin efecto la continuidad de ese expediente y comenzar a trabajar en la elaboración del nuevo presupuesto para el año 2021.