El 24 de enero de 2020 se publicó dicha Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia y entró en vigor en su totalidad. Durante los primeros días, el alcalde, el Equipo de Gobierno y el Grupo Municipal de Ciudadanos insistían, a través de los medios de comunicación, que la aplicación era parcial porque faltaban varios elementos para que entrasen a ser de aplicación. Estos elementos, o a qué parte de la Ordenanza afectaban no estaban definidos en ningún texto jurídico o técnico publicado para el conocimiento de los propios empleados municipales y de los ciudadanos en general y en los residentes en Burgos, en particular.

Durante varios días, los burgaleses a través de los medios de comunicación y de las redes sociales inundaron de preguntas sin respuesta, generando debates estériles por la inexistencia de respuestas ciertas por parte del alcalde y su equipo de Gobierno.

Ante este escenario incierto que provoca una tremenda inseguridad jurídica en los ciudadanos, al no saber qué se puede y qué no se puede hacer, el Grupo Municipal del Partido Popular solicitó la celebración de un Pleno Extraordinario para aclarar las dudas jurídicas existentes y solicitar el asesoramiento jurídico del Secretario General del Pleno antes de la respuesta del Equipo de Gobierno y del debate del resto de Grupos Municipales. El objetivo era claro: obtener respuestas que aporten luz a las dudas suscitadas por la no aplicación de algunos artículos de la Ordenanza.

Lamentablemente, las respuestas verbales del Secretario General del Pleno generaron más confusión por cuanto eran versiones distintas a las dadas por el equipo de Gobierno hasta ese día. Lactitud prepotente y soberbia del alcalde saltándose la obligatoriedad de convocar la Junta de Portavoces para debatir los tiempos de intervención en el Pleno impidió que existiera un debate para solucionar el conflicto existente en la sociedad burgalesa.

Lejos de aclarar los términos de aplicación en que se encuentra la Ordenanza mediante una resolución del Alcalde, como se señala en la Disposición Adicional Primera, el alcalde ha hecho caso omiso a la petición de los burgaleses de aclarar en qué situación se encuentra la Ordenanza y a iniciar los trámites para una modificación urgente de los artículos confusos de dicha Ordenanza.

El pasado 16 de febrero de 2020, centenares de burgaleses se manifestaron en contra de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, generando una situación de crispación en la convivencia ciudadana por la irresponsabilidad de aprobar un texto que afecta a la movilidad de todos los burgaleses sin planificación, sin información, con oscurantismo y confusión y sin inversiones previas.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular solicita al Pleno que adopte los siguientes

ACUERDOS

1. Denunciar públicamente la actitud del Alcalde durante el Pleno Extraordinario del día 10 de febrero, no convocando la obligatoria Junta de Portavoces y limitar los tiempos de debate de manera unilateral impidiendo aclarar la situación de la aplicación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
2. Exigir al Alcalde que, de forma urgente, emita una resolución que aclare qué artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que se encuentran de aplicación, lo dé a conocer a todos los empleados públicos y a los burgaleses a través de su publicación.
3. Exigir al Alcalde la redacción del decreto de determinación de las zonas peatonales como se recoge en la Disposición Inicial Primera y su posterior señalización como se señala en el art. 9 de la antes citada Ordenanza.
4. Exigir al Alcalde la aclaración mediante Instrucción del concepto de residente, la forma de adquirir dicho concepto y a qué está autorizado en relación con los vehículos a motor, VMP o ciclos.
5. Exigir al Alcalde que se aclaren las dudas jurídicas sembradas por el Sr. Secretario General del Pleno en relación con la velocidad máxima de la ciudad, las velocidades inferiores a la máxima, la señalización vertical u horizontal correspondiente en las entradas de la ciudad y en cada una de las vías, y cuándo entra en aplicación con exactitud.
6. Exigir a la Junta de Gobierno Local la licitación inmediata del contrato de gestión de tráfico para que la nueva adjudicataria pueda adaptar la regulación semafórica a las nuevas velocidades que se pretenden establecer.
7. Exigir al Alcalde el inicio inmediato de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible para corregir los problemas jurídicos y de aplicación que se suscitan en el texto aprobado.
8. Que el Alcalde cumpla de una vez por todas y eleve al Pleno la modificación de la Ordenanza Número 218 Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros sobre la gratuidad del servicio para mayores de 65 años, más conocido como “bono senior”,  y la eliminación de la tasa por la emisión de las tarjetas, tal y como se acordaba sin ningún voto en contra en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos de 23 de septiembre de 2019 a instancias de la proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular.